Protestar es un derecho, destruir no.

Por: Andrés Suárez

Una República no le teme ni debe afectar que sus ciudadanos salgan a las calles. Al contrario: garantizar ese derecho a expresarse, reclamar y manifestarse pacíficamente debe ser la premisa.

El derecho a manifestarse pacíficamente es una expresión legítima de una democracia. Pero una cosa es reclamar y otra muy distinta convertir la calle en escenario de violencia, destrucción y confrontación permanente con quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger el orden y los derechos de todos.

Colombia ha conocido los efectos de esa frontera cuando se cruza.

La protesta violenta no solamente afecta a la Fuerza Pública. También golpea fuertemente al comerciante que debe cerrar su negocio, al trabajador que no puede llegar a su empleo, al estudiante que pierde clases, al transportador, al empresario, al ciudadano que necesita movilizarse y, especialmente, a quienes dependen de servicios esenciales como el que requiere de tratamientos médicos.

La propia Defensoría del Pueblo registró 4.039 eventos de conflictividad social durante 2025, una cantidad significativa, además de señalar que los bloqueos de vías representaron el 41 % de los mecanismos de manifestación identificados.

El problema, entonces, no es que los ciudadanos protesten. El problema aparece cuando algunos pretenden que sus derechos puedan ejercerse anulando los derechos de los demás, olvidando la verdad del dicho que dice ¡mis derechos terminan cuando empiezan los del otro!.

Y es allí donde debe existir una frontera clara.

Protestar no da licencia para agredir. Reclamar no autoriza a destruir. Manifestarse no significa tener derecho a paralizar indefinidamente a los demás.

La Fuerza Pública tampoco puede ser convertida en el enemigo natural de la ciudadanía. Sus integrantes son servidores del Estado y tienen la obligación de actuar dentro de la Constitución y la ley, pero también tienen derecho a ejercer su función sin ser víctimas de agresiones.

Por eso resulta relevante el proyecto de decreto presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para actualizar las reglas de actuación del Estado frente a las manifestaciones. Observando la propuesta mantiene el diálogo y la mediación como herramientas prioritarias, pero establece con mayor precisión que las autoridades pueden actuar contra quienes, dentro de una movilización, recurran a la violencia, utilicen armas, agredan personas, retengan ciudadanos o impidan servicios esenciales. Y es que precisamente está clase de actuaciones por parte de los manifestantes, muchas veces han terminado afectando a miles de ciudadanos.

El derecho a protestar merece protección. El derecho de los demás a vivir, trabajar, movilizarse y estar seguros también.

Una marcha pacífica no es vandalismo. Un reclamo ciudadano no es terrorismo. Una expresión de inconformidad no convierte a nadie en enemigo del Estado.

Pero tampoco se debe aceptar que bajo la bandera de la protesta se destruya infraestructura, se afecten establecimientos comerciales, se ataque a la Fuerza Pública, se agreda a ciudadanos o se impida el paso de una ambulancia.

En una República se debe garantizar libertades, pero también se debe hacer cumplir la ley.

El Estado no debe perseguir al que protesta; debe individualizar y enfrentar al que delinque.

Ese equilibrio es fundamental. Porque una democracia fuerte no necesita silenciar la inconformidad, pero tampoco puede permitir que la violencia se convierta en mecanismo de presión política.

El verdadero republicanismo consiste precisamente en eso: libertad con responsabilidad, derechos con deberes y autoridad sometida a la Constitución y a la ley.

Ni un ciudadano menos en su derecho a protestar pacíficamente.

Ni un ciudadano más sometido a la violencia de quienes pretenden convertir la protesta en destrucción.

Protestar es un derecho; Destruir y agredir es otra cosa. Y en una República, la ley debe distinguirlos.

No más violencia en el ejercicio de los derechos civiles. ¡Los derechos no son ABSOLUTOS!

Dios guarde a Colombia