Hoy en Colombia se habla de un tema muy controversial donde la estrategia hoy va dirigida a una política de seguridad que proteja la vida, respeta la ley y busca no dejar indefenso al ciudadano. Hay debates que Colombia necesita dar sin prejuicios ideológicos. Uno de ellos es el debate sobre el porte legal de armas de fuego.
Durante años hemos escuchado que hablar de armas equivale necesariamente a hablar de violencia, muerte o justicia por mano propia. Pero esa asociación, aunque comprensible por nuestra historia, resulta insuficiente para analizar el problema. La verdadera discusión debería ser otra: ¿Qué debe hacer un Estado cuando tiene ciudadanos que cumplen la ley, mientras los delincuentes continúan portando armas ilegales?
La respuesta de un gobierno republicana no puede ser abandonar al ciudadano. Tampoco puede ser promover una sociedad armada sin controles. La respuesta debe ser fortalecer la autoridad del Estado, perseguir las armas ilegales y permitir, bajo estrictos requisitos, que quien haya demostrado idoneidad y necesidad pueda ejercer legalmente el porte de un arma.
El Estado debe garantizar la seguridad, pero el ciudadano no puede ser condenado a la indefensión.
En una República, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Eso significa que la seguridad no puede privatizarse, ni convertirse en una guerra de todos contra todos. Pero precisamente por eso el Estado tiene una obligación fundamental: proteger la vida, la integridad y la propiedad de quienes viven bajo su jurisdicción. Cuando esa protección falla en un momento determinado, aparece una pregunta inevitable: ¿Qué ocurre con el ciudadano que está frente a una agresión actual e injusta y no tiene ninguna posibilidad razonable de esperar la llegada de la autoridad? Aquí aparece la legítima defensa.
La legítima defensa no significa licencia para matar. No significa venganza. No significa que cualquier discusión pueda terminar en un disparo. Significa que el ordenamiento jurídico reconoce que una persona puede defenderse frente a una agresión injusta, actual o inminente, utilizando los medios necesarios y proporcionales dentro de los límites establecidos por la ley.
Por eso debemos diferenciar dos conceptos que deliberadamente suelen mezclarse: porte legal de armas y violencia ilegal no son lo mismo. No se trata de armar al ciudadano. Se trata de no desarmar al ciudadano cumplidor mientras el criminal permanece armado. Esta es, quizá, la pregunta central. El ciudadano que solicita legalmente un permiso debe someterse a controles, acreditar condiciones y aceptar que el Estado puede suspender, cancelar o revocar esa autorización.
El delincuente, por definición, no está interesado en cumplir esas condiciones. Entonces resulta razonable preguntarnos si una política pública es verdaderamente eficaz cuando concentra sus esfuerzos en restringir al ciudadano que cumple las reglas mientras las organizaciones criminales continúan utilizando armas ilegales.
El propio Gobierno Nacional ha señalado que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Estos datos muestran dónde debería estar concentrada una parte esencial de la política de seguridad: en quitarle las armas al criminal. No al ciudadano honrado.
El Decreto 1368 no significa “armas para todos”Aquí también se debe ser responsables. La decisión del presidente Abelardo de la Espriella no creó un derecho absoluto al porte de armas.
El Decreto 1368 de 2026 levantó la suspensión general que venía operando y restableció la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes. La propia norma aclara que esto no significa porte indiscriminado, ni modifica los requisitos legales. Eso es importante. Quien solamente tiene autorización de tenencia no puede asumir que tiene autorización de porte. Tampoco puede portar cualquier arma: el permiso se encuentra asociado a las condiciones y armas autorizadas. Además, continúan las facultades estatales para suspender, cancelar, revocar, incautar y decomisar.
Por ello, defender el porte legal no significa defender el descontrol. Al contrario: significa defender la legalidad.¿Y qué ocurre con quienes dicen que más armas significan necesariamente más homicidios? Este es probablemente el argumento más fuerte de quienes se oponen a estas políticas, y merece ser tomado en serio.
Una sociedad con mayor circulación de armas puede enfrentar riesgos adicionales: accidentes, violencia intrafamiliar, utilización indebida de armas y escalamiento de conflictos cotidianos. Eso no debe negarse. Pero tampoco podemos aceptar como verdad automática que todo ciudadano armado legalmente constituye una amenaza.
El problema no es solamente cuántas armas existen. El problema es quién las tiene, bajo qué condiciones, para qué las tiene, qué controles existen y qué ocurre cuando alguien utiliza ilegalmente un arma.
Una política republicana debe trabajar precisamente sobre esas variables. No necesitamos una sociedad donde cada discusión termine en un arma. Necesitamos una sociedad donde quien tenga un arma legal sea una persona sometida a controles estrictos y donde quien utilice un arma para delinquir encuentre frente a sí, todo el peso de la autoridad estatal.
La legítima defensa no puede estar mal vista, ni puede ser criminalizada. Existe también un problema cultural. En ocasiones parece que se espera que el ciudadano agredido simplemente soporte la agresión hasta que llegue la autoridad.
Pero la realidad no funciona así. Un ciudadano puede encontrarse solo frente a un atracador. Una familia puede encontrarse dentro de su vivienda frente a una persona armada. Un comerciante puede ser amenazado por una estructura criminal.
La Policía es indispensable. El Ejército es indispensable. La Fiscalía y los jueces son indispensables. Pero ninguna institución puede garantizar presencia o estar físicamente al lado de cada colombiano durante cada segundo del día.
Por eso la legítima defensa no puede ser vista como una amenaza contra el Estado. La legítima defensa es también una expresión del derecho a la vida. El Estado debe prevenir la violencia, perseguir al agresor y sancionarlo. Pero mientras eso ocurre, el ciudadano no deja de ser titular de derechos.
En una República se debe pensar en una sociedad donde el Estado sea fuerte.
Un Estado que persiga las armas ilegales.
Un Estado que desarticule las estructuras criminales.
Un Estado que proteja al comerciante, al campesino, al transportador, a la familia y al ciudadano común.
Y, al mismo tiempo, un Estado que permita que quienes cumplan rigurosamente los requisitos legales puedan acceder a un permiso excepcional, controlado y revocable.
Eso es muy diferente a promover la violencia. El verdadero debate es sobre quién controla la fuerza.
Una política de seguridad debe comenzar por una verdad incómoda. No podemos construir seguridad desarmando únicamente a quienes respetan la ley. El criminal no entrega su arma porque el Estado suspenda los permisos de porte. El delincuente no espera una autorización. El delincuente no cumple las restricciones. Por eso, una política seria debe dirigir el principal esfuerzo contra las armas ilegales y las estructuras criminales que las utilizan.
El ciudadano legalmente armado, en cambio, debe ser sometido a controles rigurosos y a una enorme responsabilidad. Porque portar un arma no es portar un juguete. Es asumir una responsabilidad frente a la sociedad. Mi posición «defender el porte legal no significa defender la violencia». Defender la legítima defensa no significa defender la justicia por mano propia. Defender al ciudadano que cumple la ley no significa desconocer el monopolio estatal de la fuerza. Y defender una política de seguridad más firme no significa despreciar la vida. Precisamente lo contrario. Si nuestra prioridad es la vida, debemos preguntarnos cómo protegemos esa vida frente al delincuente que ya decidió violar la ley.
El ciudadano honrado no debe convertirse en el primer objetivo de una política de desarme mientras las organizaciones criminales continúan acumulando poder de fuego.
La República debe hacer algo mucho más difícil: desarmar al criminal, controlar al ciudadano autorizado y fortalecer al Estado. Porque la seguridad no es un privilegio. Es una condición necesaria para ejercer todos los demás derechos. Y una República que no es capaz de proteger la vida de sus ciudadanos termina obligándolos a escoger entre la indefensión y el riesgo. Ese no debería ser nuestro destino.
Más autoridad frente al criminal.
Más controles frente al arma.
Más garantías para el ciudadano.Y, por encima de todo, defensa de la vida.
«Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente, el ladrón debe hacer restitución; si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo». Exodo 22:2-3
Escrito por: Andrés Suárez
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