La historia del constitucionalismo nos ha enseñado una de las lecciones más importantes para preservar la libertad: ningún poder debe concentrar toda la autoridad del Estado. Por ello, las democracias republicanas como Colombia descansan sobre un principio esencial: la separación de poderes. El Ejecutivo gobierna y administra; el Legislativo representa a los ciudadanos y expide las leyes; el Judicial garantiza la supremacía de la Constitución y resuelve los conflictos con independencia.
Ese equilibrio institucional no es un simple diseño normativo. Es de las garantías más fundamentales para que ningún órgano del Estado pueda imponerse sobre los demás y de que el poder encuentre siempre un límite en otro poder. Allí radica la esencia de la República.
En ese entramado institucional, el Congreso de la República desempeña una función irremplazable. Es el escenario donde convergen las distintas voces de la Nación, representadas en cada uno de los congresistas, donde se deliberan los grandes asuntos públicos, se ejerce el control político al Gobierno y se expiden las normas que orientan la vida colectiva. Su misión, sin embargo, trasciende más que la simple producción de leyes.
Este 20 de Julio se posesióno un nuevo congreso es decir nuevos legisladores, y con el para mí nuevos desafíos en su ejercicio. Durante los últimos años se ha consolidado una práctica que merece una profunda reflexión. Con frecuencia se evalúa a un congresista por el número de proyectos de ley que radica. Se elaboran estadísticas, se publican rankings y pareciera que la productividad legislativa pudiera medirse únicamente por la cantidad de iniciativas presentadas.
Ese criterio resulta equivocado.
La grandeza de un legislador no depende solamente del volumen de proyectos que presenta, sino de la calidad de sus propuestas, de la profundidad de los debates que promueve, de la eficacia del control político que ejerce y de su capacidad para construir consensos en beneficio del país más que de una región.
Radicar un proyecto de ley constituye apenas el inicio de un largo procedimiento legislativo y constitucional. Lo verdaderamente importante es preguntarse si esa iniciativa responde a un problema real, si fue elaborada con rigor técnico y técnica legislativa, si respeta la Constitución y si, una vez aprobada, tendrá la capacidad de transformar positivamente la realidad nacional.
En Colombia se ha fortalecido la idea de que cada dificultad social requiere una nueva ley. Frente a cada crisis surge una iniciativa; frente a cada conflicto aparece un nuevo proyecto; frente a cada problema pareciera existir la convicción de que basta con expedir otra norma para solucionarlo.
Esa visión ha contribuido a una creciente sobreproducción normativa.
Un ordenamiento jurídico cada vez más complejo, difícil de conocer y, en ocasiones, contradictorio y lo peor que no resuelve sino complica la vida tanto de operadores normativos, como de la misma ciudadanía.
Cuando el derecho se multiplica sin una necesidad clara, también aumentan la inseguridad jurídica, la incertidumbre para los ciudadanos y las cargas regulatorias para quienes emprenden, invierten o simplemente buscan cumplir la ley.
Una República sólida no se caracteriza por la cantidad de leyes que contenga, sino por la calidad de las que conserva. La estabilidad normativa fortalece la confianza en las instituciones, facilita el cumplimiento de la ley y ofrece reglas claras para todos.
El Congreso tiene además una responsabilidad que con frecuencia pasa desapercibida: ejercer un control político serio e independiente sobre el Gobierno. Esa función es tan importante como legislar. Vigilar el uso de los recursos públicos, exigir transparencia, evaluar las políticas gubernamentales y representar los intereses de la ciudadanía constituyen tareas esenciales para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
Debe de llegar el momento de cambiar la forma en que evaluamos a nuestros legisladores. En lugar de preguntar cuántos proyectos radicó un congresista, deberíamos preguntarnos cuántos problemas ayudó realmente a resolver, qué debates enriquecieron la democracia, qué controles políticos ejerció con independencia y qué leyes impulsó que hoy generan bienestar para los colombianos.
La libertad también puede verse afectada cuando el Estado pretende regular cada aspecto de la vida mediante nuevas normas. Una sociedad verdaderamente libre requiere leyes justas, estables y necesarias, no una proliferación permanente de disposiciones que terminen debilitando la seguridad jurídica y la autonomía de los ciudadanos.
La misión del Congreso nunca ha sido legislar más. Su verdadera misión es legislar mejor.
Porque una República fuerte no se construye sobre montañas de leyes. Se construye sobre instituciones equilibradas, legisladores prudentes, jueces independientes y ciudadanos libres. Allí reside la verdadera grandeza del Poder Legislativo y la esencia misma de la democracia constitucional.
Dios bendiga al nuevo Congreso de la República y a Colombia 🇨🇴
Escrito por: Andrés Suárez
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