La vida privada también habla del hombre público

Por: Andrés Suárez

Hay una premisa que algunos sectores políticos repiten cuando sus líderes quedan envueltos en escándalos: «La vida privada no tiene nada que ver con la vida pública». Una afirmación conveniente cuando se trata de defender a los propios, pero profundamente equivocada cuando se pretende ejercer el poder y representar a una sociedad.

Los recientes escándalos que rodean al expresidente Gustavo Petro, particularmente las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y supuestos intercambios de contratos por favores sexuales, obligan a plantear una discusión que va mucho más allá de los titulares. Son hechos que deben esclarecerse ante la justicia, sin condenas anticipadas, ni privilegios judiciales, ni menos políticos, con todas las garantias constitucionales especialmente para las victimas.

Por supuesto, nadie pretende convertir la intimidad de una persona en un espectáculo público. Pero existe una diferencia enorme entre respetar la vida privada y utilizarla como escudo para evadir responsabilidades. Cuando las actuaciones personales de quien ejerció la máxima autoridad del país pueden comprometer recursos públicos, dignidad humana, abuso de poder o confianza institucional, dejan de ser un asunto exclusivamente privado.

Hay una verdad que no podemos seguir esquivando: el desorden en una vida privada nunca será un ejemplo para la sociedad. Quien pretende orientar a una nación debe comenzar por demostrar dominio propio, responsabilidad y coherencia en su propia conducta. Porque quien no demuestra capacidad para gobernarse a sí mismo difícilmente podrá convertirse en un referente de autoridad y liderazgo para millones de ciudadanos.

No se trata de exigir gobernantes perfectos, sino de entender que el carácter, el testimonio, los principios y la coherencia no desaparecen cuando se cruza la puerta de una oficina pública. Un gobernante no solamente administra presupuestos, firma decretos y representa al Estado; también proyecta comportamientos, transmite valores y ejerce influencia sobre una sociedad.

Lo verdaderamente preocupante es la doble moral de quienes ayer exigían transparencia, ética y responsabilidad, pero hoy encuentran argumentos para justificar cualquier comportamiento de sus referentes políticos. La lealtad partidista jamás puede estar por encima de los principios. No podemos defender en nuestros aliados lo que condenamos en nuestros adversarios.

Y esta reflexión no debe quedarse únicamente en el escenario nacional. También debe estar muy presente en nuestros municipios y departamentos al momento de elegir a quienes nos representan. El elector no puede limitarse a evaluar discursos, ideas, promesas, partidos o conveniencias políticas; debe observar el testimonio, el carácter, los principios y la coherencia de quienes aspiran a gobernar.

No podemos seguir eligiendo personas únicamente por lo que prometen, ignorando lo que representan con sus propias actuaciones. La responsabilidad de elegir buenos gobernantes comienza con la capacidad ciudadana de reconocer que la autoridad política también exige autoridad moral.

Una República necesita dirigentes que comprendan que el poder no es un privilegio para satisfacer intereses personales, sino una responsabilidad que exige integridad, prudencia y carácter.

La vida privada no convierte automáticamente a nadie en un mal gobernante, pero tampoco puede servir de refugio cuando sus actuaciones personales comprometen el ejercicio del poder público. El resultado público es consecuencia de la vida privada.

Porque quien aspira a representar a una nación debe entender que la autoridad no se sostiene solamente con votos, sino también con conducta, testimonio, principios, carácter y responsabilidad.

El primer gobierno que debe aprender a ejercer un dirigente politico es el de su propia vida.

Dios guarde a Colombia