Por Andrés Suárez
Una República no se construye solamente con elecciones, instituciones o discursos políticos. Se construye, fundamentalmente, cuando el poder reconoce sus límites y comprende que ninguna autoridad está por encima de la Constitución y la ley.
En recientes declaraciones el presidente Abelardo de la Espriella, reafirmo su respeto por la independencia judicial y rechaza las presiones políticas contra los jueces, representan una postura que merece destacarse en la vida institucional colombiana.
El mandatario expresó una idea fundamental: un Gobierno no tiene por qué compartir todas las decisiones judiciales, pero sí tiene la obligación de respetarlas. Las diferencias jurídicas deben resolverse mediante los recursos, los procedimientos y las instituciones, jamás mediante intimidaciones o descalificaciones y peor aún con desprestigio como lo hacía el pasado gobierno y lo siguen haciendo algunos lideres políticos.
Esa es precisamente la diferencia entre una República y un régimen donde la voluntad política pretende imponerse sobre el derecho.
Y es que la independencia judicial no significa que los jueces sean infalibles, ni que sus decisiones estén exentas de controversia. Significa que tienen la responsabilidad de aplicar la Constitución y la ley sin recibir instrucciones del Gobierno, de los partidos políticos o de cualquier otro poder. Eso es separación de poderes un principio fundamental que no entienden aquellos que se hacen llamar líderes democraticos.
Es importante aclarar cuándo una decisión judicial resulta equivocada, existen varios mecanismos para controvertirla. Cuando una sentencia genera desacuerdo, corresponde argumentar jurídicamente. Y cuando una autoridad considera que sus derechos han sido afectados, debe acudir a las instancias previstas por el ordenamiento constitucional y legal.
Lo que no puede suceder es que la discrepancia se transforme en persecución, presión o desprestigio contra quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.
El presidente Abelardo de la Espriella también recordó que los jueces son el alma de la República y que la independencia de las ramas del poder público no significa que deban vivir de espaldas unas a otras.
Esta afirmación merece una reflexión profunda.
La separación de poderes no es una invitación al enfrentamiento institucional. Es una garantía para que cada rama cumpla sus funciones sin invadir las competencias de las demás. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial administra justicia. La colaboración entre ellos es necesaria, pero debe desarrollarse dentro de los límites constitucionales.
Una República fuerte no necesita jueces sometidos al Gobierno. Necesita jueces independientes, preparados y responsables, capaces de aplicar el derecho incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes ejercen el poder.
Por eso resulta importante que el presidente haya señalado que el Consejo de Estado no está para darle la razón al Gobierno, ni tampoco para quitársela cuando la tenga, sino para aplicar el derecho con independencia. Y esto es muy importante porque es un claro mensaje de respeto por la institucionalidad.
La justicia no puede convertirse en instrumento del poder político, pero tampoco el poder político puede desconocer la justicia cuando sus decisiones le resultan adversas.
Esta es una enseñanza que Colombia necesita consolidar. Durante demasiado tiempo, la confrontación política ha pretendido convertir las instituciones en escenarios de disputa partidista, debilitando la confianza ciudadana y alimentando la deslegitimación del Estado.
La verdadera autoridad no se demuestra atacando a los jueces, sino respetando las reglas incluso cuando no favorecen a sus intereses.
La independencia judicial también exige responsabilidad. Los jueces deben actuar con imparcialidad, transparencia y rigor jurídico. Sus decisiones deben estar fundamentadas y sujetas a los mecanismos de control establecidos por la Constitución. La autonomía no es arbitrariedad; es una garantía para que la justicia se administre sin interferencias indebidas.
En una democracia constitucional, nadie está por encima de la ley. Ni el presidente, ni los ministros, ni los congresistas, ni los magistrados, ni mucho menos los ciudadanos.
Ese principio debe ser la base de cualquier proyecto político que aspire a fortalecer la institucionalidad.
La República se sostiene cuando el poder encuentra límites, cuando las instituciones cumplen sus funciones y cuando la ciudadanía comprende que la justicia no pertenece a un Gobierno, sino al Estado de derecho.
Por eso, respetar a los jueces no es un gesto de cortesía presidencial. Es una obligación constitucional y una expresión de madurez democrática.
La verdadera grandeza de un Gobierno no está en conseguir que los jueces le den la razón, sino en demostrar que puede respetar sus decisiones incluso cuando no la tiene.
Esa es la esencia de una República: el imperio de la ley sobre la voluntad de los gobernantes.
Y esa es la institucionalidad que Colombia debe defender.
Dios bendiga la justicia y bendiga a Colombia ⚖️🟨🟦🟥
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