LIBERTAD O ARBITRARIEDAD

Hablare de un principio fundamental «La separación de poderes: como garantía de libertad, orden y progreso

Hoy se habla mucho en Colombia del orden constitucional y de supúestos bloqueos al gobierno de turno. Pareciere que este gobierno busca que los demas poderes y toda la institucionalidad se sometan a sus actuaciones y decisiones muchas veces arbitrarias.

El orden constitucional representa la última garantía de la libertad. No porque la Constitución sea únicamente un texto jurídico, sino porque establece límites claros al ejercicio del poder y evita que una sola autoridad concentre decisiones sin control.

Dentro de ese diseño institucional, el principio de separación de poderes ocupa un lugar fundamental. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no fueron concebidos para actuar como simples acompañantes del Gobierno de turno, sino como contrapesos recíprocos que protegen la democracia y el equilibrio del Estado.

El presidente Gustavo Petro ha venido construyendo una narrativa según la cual cada decisión judicial, electoral o política que contradice sus intereses hace parte de un supuesto “golpe blando” en su contra. Esta expresión no es nueva en América Latina, pero sí resulta preocupante cuando se usa para deslegitimar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.

Petro ha utilizado reiteradamente ese concepto en lo que va de su gobierno, frente a investigaciones del Consejo Nacional Electoral, decisiones del Consejo de Estado, cuestionamientos de las altas cortes y frenos legislativos a sus reformas.

El problema de fondo no es únicamente político; es institucional. Porque en una democracia madura, que otros poderes públicos no compartan las tesis del Gobierno de turno; no constituye un golpe de Estado, constituye garantía y respeto a un principio fundacional como es: la «separación de poderes».

Por eso resulta profundamente equivocado presentar como una amenaza institucional el hecho de que otros poderes públicos no compartan las decisiones o políticas del Ejecutivo. Cuando las cortes revisan decretos, el congreso hace control político y no habilita sus reformas, o los organismos de control investigan posibles irregularidades, no están atentando contra la democracia: están ejerciendo las funciones que la propia Constitución les asignó.

La narrativa según la cual toda contradicción institucional constituye un supuesto “golpe blando” termina debilitando la legitimidad de las instituciones y sembrando desconfianza ciudadana frente al Estado de Derecho. Ese discurso no solo afecta el debate político; sino erosiona uno de los pilares esenciales de cualquier república democrática: la independencia de los poderes públicos.

La historia demuestra que las sociedades más libres y estables son aquellas donde el poder tiene límites efectivos. La separación de poderes no es un obstáculo para gobernar; es la garantía de que el poder no se convierta en arbitrariedad.

Sin independencia judicial no existe seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no existe confianza institucional. Y sin confianza institucional no puede existir progreso ni desarrollo.

La libertad económica, la inversión, la estabilidad social y la convivencia democrática dependen de que las reglas del juego sean respetadas por todos, especialmente por quienes ejercen el poder. Cuando un gobernante desacredita constantemente a las cortes, deslegitima organismos de control o presenta cualquier oposición institucional como una conspiración política, se afecta la credibilidad del sistema democrático en su conjunto.

Las democracias no se destruyen únicamente mediante golpes militares o rupturas abruptas. Muchas veces se deterioran lentamente cuando se debilitan los controles institucionales y se pretende sustituir el orden constitucional por la idea de que la voluntad del líder está por encima de las instituciones.

Por eso la separación de poderes, no debe entenderse como una disputa entre ramas del poder público, sino como un mecanismo de protección ciudadana. Su finalidad no es impedir que un gobierno actúe, sino impedir que cualquier gobierno actúe sin límites.

La libertad verdadera solo puede existir donde el poder está sometido a controles. El orden solo puede sostenerse donde las instituciones conservan legitimidad. Y el progreso únicamente puede construirse sobre la estabilla estabilidad juridica y el respeto por la Constitucion.

Y es que defender la separación de poderes no es defender privilegios políticos, ni intereses particulares. Es defender la esencia misma de la democracia constitucional y preservar el derecho de los ciudadanos a vivir en un país donde la ley esté por encima de cualquier proyecto personal, ideológico o sectario.

Porque cuando desaparecen los límites al poder, la libertad deja de ser un derecho y comienza a depender de la voluntad del gobernante de turno.

¿Libertad o Arbitrariedad?

Por: Andrés Suárez