MéritoCrisis

El debilitamiento del mérito en el sector público no suele ocurrir de forma abrupta. Se manifiesta, más bien, en decisiones concretas que, acumuladas, terminan erosionando la confianza institucional. En Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro, varios nombramientos han reabierto un importante debate y han expuesto una gran problemática, como es, la falta de idoneidad en el ejercicio de lo público.

En este gobierno se ha agudizado y es mucho más notorio esta situación. Uno de los casos más polémicos ha sido el de Daniel Quintero Calle, cuya designación como Superintendente Nacional de Salud en los últimos días generó cuestionamientos no solo por su trayectoria, sino por las investigaciones que han rodeado su carrera pública. Más allá de su defensa o de la presunción de inocencia, el punto de fondo es si este tipo de perfiles fortalece o debilita la credibilidad de una entidad importante y significativa. Y otro de los casos de mayor relevancia fue el de Juliana Guerrero, cuyo nombramiento como viceministra de Juventudes en 2025 generó polémica por dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia exigidos para el cargo, llegando no solo a demostrarse la configuración de un delito como la falsedad de documento público, sino también dejar entre dicho que el mérito y la idoneidad de nada vale.

La diplomacia también ha estado inmersa en esta crisis. Se han realizado nombramientos en el servicio exterior que, según algunas personalidades y sectores, respondio más a cercanías personales o políticas que a experiencia en relaciones internacionales. La diplomacia en este gobierno, si que mostro grandes deficiencias en la meritocracia, varios casos que incluyen perfiles sin trayectoria diplomática, experiencia, ni conocimientos especializados; pero si relaciones personales con figuras del poder o vínculos políticos previos, alimentan la percepción de que el mérito no es el principal criterio de selección.

A esto se suman decisiones que parecen contradecir el discurso de cambio. El nombramiento que se dio en su momento de Juan Manuel Corzo como embajador en Paraguay esta fue interpretada por algunos como una concesión a los partidos tradicionales, lo que sugiere que las prácticas de reparto burocrático siguen vigentes, incluso en un gobierno que prometía superarlas.

Otro ejemplo es el de John Jairo González, cercano al círculo político del presidente, quien ha ocupado roles relevantes en entidades como Invías, una institución que maneja recursos públicos de enorme magnitud. En estos casos, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿prima la confianza política sobre la capacidad técnica?

El problema no radica únicamente en cada nombramiento individual, sino en el mensaje que transmiten en conjunto. Cuando la percepción de “cuotas” o favores políticos se instala, el principio de mérito pierde fuerza y con él se debilita la legitimidad del Estado. Nadie dice que no sean importantes los contactos, pero que no sea lo más relevante, el ejercicio de lo público merece formación, servicio y responsabilidad.

Defender el mérito no es un capricho tecnocrático. Es una condición mínima para garantizar que las decisiones públicas estén en manos de quienes tienen las competencias para tomarlas. Sin ese estándar, cualquier proyecto político —sin importar su ideología— corre el riesgo de fracasar en su ejecución.

Cuando el acceso a cargos públicos se define solamente por cercanías, favores o cuotas políticas, se envía un mensaje peligroso: que la preparación, el esfuerzo y la experiencia son secundarios. Ese mensaje no solo afecta la eficiencia del Estado, sino que desincentiva a toda una generación de profesionales que ven cómo la idoneidad pierde valor frente a la influencia.

Porque al final, el debate no es sobre nombres propios, sino sobre un principio: si el Estado está al servicio de la ciudadanía o de la política.

Pero también reflexiono en algo, la responsabilidad no recae únicamente en quienes hacen los nombramientos. También interpela a quienes aceptan los cargos. En un Estado que aspira a la excelencia, debería existir un principio básico de autogobierno: la capacidad de reconocer, con honestidad, si se cuenta o no con la formación y la experiencia necesarias para asumir una función pública. La auto calificación no reemplaza los requisitos legales ni los controles institucionales, pero sí los complementa desde la ética personal.

No se trata de cumplir por apariencia ni de responder a intereses particulares, sino de asumir cada responsabilidad como un acto de compromiso genuino. Cuando el servicio público se entiende de esta manera, el mérito deja de ser una obligación externa y se convierte en una convicción interna: hacer bien las cosas, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto.

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”.

Andrés Suárez