Por Andrés Suárez
Una República que quiere progresar no puede mirar al empresario con resentimiento, ni al emprendedor como un animador más, ni mucho menos como a alguien que debe pedir permiso para cada paso que quiera dar.
Una sociedad que aspira a generar empleo, aumentar la inversión y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, necesita entender una verdad elemental: donde hay libertad para producir, invertir, emprender y competir, existen mayores posibilidades de crear riqueza y oportunidades para individuos y familias.
El libre mercado no significa ausencia del Estado. Significa un Estado que entiende sus
límites y cumple bien sus funciones: como garantizar seguridad jurídica, proteger la
propiedad privada, asegurar la competencia y establecer reglas claras para todos.
Cada empresa que nace representa una oportunidad y cada emprendimiento puede
convertirse en empleo formal, ademas cada inversión puede lograr progresó y desarrollo
para una comunidad.
Porque detrás de cada empresa hay mucho más que una matrícula mercantil o un
establecimiento de comercio abierto.
Hay empleos.
Hay familias.
Hay proveedores.
Hay trabajadores que esperan un salario.
Hay jóvenes buscando su primera oportunidad.
Hay una persona que decidió arriesgar sus ahorros para convertir una idea en un negocio.
Por eso, cuando el Estado dificulta innecesariamente la creación y operación de una
empresa, el costo no lo paga solamente el empresario. Lo termina pagando toda una
comunidad y población en general.
Emprender no debería ser una carrera de obstáculos.
Colombia tiene talento, creatividad y capacidad para emprender. Lo que muchas veces falta es un entorno que permita que esas capacidades se conviertan en empresas sostenibles.
Precisamente por eso resulta relevante el proyecto de ley antitrámites radicado por el
Gobierno Nacional en agosto del 2026. Proyecto de Ley llamado de «Competitividad» que busca reducir burocracia, costos y tiempos para empresarios y emprendedores, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, entendiendo que estás son el motor de progreso de nuestra nacion.
La propuesta contempla, entre otros aspectos, fortalecer las ventanillas únicas, establecer
plazos para los trámites, evitar requerimientos sucesivos y utilizar mecanismos digitales y controles proporcionales al nivel de riesgo.
Hay una idea particularmente importante detrás de esta iniciativa: si el Estado ya tiene una información, no debería obligar nuevamente al ciudadano o al empresario a entregarla. Y que importante es esto, ataca la tramitologia y desgaste repetitivos de documentación e información en la formalización.
Parece sencillo. Y precisamente por eso debería convertirse en una regla de sentido común de toda la administración pública.
El Estado debe facilitar, no asfixiar.
Durante demasiado tiempo hemos confundido regulación con burocracia.
Regular es establecer reglas para proteger derechos, garantizar competencia y corregir
abusos.
Burocratizar es convertir esas reglas en una cadena de obstáculos que termina castigando
precisamente a quien quiere cumplirlas.
Una cosa es exigir estándares de seguridad, ambientales, laborales, tributarios o sanitarios.
Otra muy diferente es hacer que cumplir la ley sea tan costoso y complejo que el ciudadano termine preguntándose ¿Será que si vale la pena formalizar una actividad?
El emprendedor necesita reglas claras, no reglas interminables.
Necesita seguridad jurídica, no incertidumbre.
Necesita instituciones que respondan, no oficinas que simplemente remitan al ciudadano de una ventanilla a otra. Necesita competencia, no privilegios.
Y necesita un Estado que entienda que recaudar impuestos y regular la economía; no puede convertirse en destruir los incentivos para producir.
El verdadero aliado del trabajador también es quien genera empleo.
A veces se presenta una falsa contradicción entre proteger al trabajador y proteger al
empresario.
Pero una economía dinámica necesita de ambos.
El trabajador necesita derechos, estabilidad y condiciones dignas. Y el empresario necesita condiciones que hagan posible contratar, invertir, crecer y sostener esos puestos de trabajo.
No existe empleo privado sostenible, sin empresas sostenibles.
Por eso apoyar al sector empresarial no significa favorecer a unos pocos. Significa defender un ecosistema productivo en el que una pequeña empresa pueda convertirse en mediana, una mediana en grande y un emprendimiento en una realidad.
El Estado debe garantizar que esa posibilidad exista.
La propuesta antitrámites tiene entonces una importancia que va mucho más allá de
simplificar formularios. Se trata de cambiar una cultura institucional.
Un Estado moderno no debería medir su eficiencia por la cantidad de requisitos que impone, sino por la capacidad que tiene para resolver problemas.
Y una política económica responsable debería preguntarse permanentemente qué puede
hacer para que abrir una empresa sea más fácil, contratar sea posible, invertir sea atractivo y competir sea justo.
Por eso Colombia necesita recuperar el valor social de quien emprende, produce, invierte y genera empleo.
Necesitamos un Estado que acompañe al que quiere crecer, no uno que le haga sentir que
cada nuevo paso es una batalla contra la administración.
Porque al final la pregunta no debería ser cuánto puede soportar un empresario antes de
rendirse.
La pregunta debería ser: ¿Cuánto empleo, inversión e innovación estamos dejando de crear cada vez que una buena idea se estrella contra una mala burocracia?
Colombia no necesita menos personas con iniciativa o simplemente emprendedores soñadores.
Necesita materializar una realidad «que se requieran menos obstáculos para quienes tienen el valor de convertir esa iniciativa o sueño ¡En empresa!
Menos trabas. Más emprendimiento. Más competencia. Más inversión. Más empleo. Ese es el camino de una economía que confía en la libertad y de una República que entiende que la prosperidad no la produce el Estado: la producen los ciudadanos cuando tienen la libertad y las garantías para hacerlo.
Dios bendiga al sector productivo y a los valientes microempresarios del país.

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