«FRAPAZtotal»

En las últimas 48 horas, Colombia ha sufrido más de 26 atentados. El Cauca y Valle del Cauca vuelven a ser epicentro de una grave escalada de violencia que ya no se puede ocultar ni relativizar. No son hechos aislados: son la evidencia de un país donde el Estado está perdiendo el control territorial frente a grupos armados ilegales, hoy más que nunca.

Lo que estamos viendo no es casualidad. Es el resultado de una política de “paz total” que, en su ejecución, ha priorizado el diálogo sin exigir resultados, sin imponer condiciones y, peor aún, sin consecuencias frente al incumplimiento. Cuando negociar se convierte en sinónimo de ceder, el equilibrio se rompe y la ilegalidad y criminalidad avanzan.

Hoy los grupos armados no solo persisten: se fortalecen, se expanden y consolidan su poder en regiones enteras. Mientras tanto, las comunidades enfrentan extorsión, confinamiento, desplazamiento y miedo cotidiano. El Estado, en muchos territorios, ha dejado de ser autoridad para convertirse en un espectador.

Como advertía John Locke, el Estado existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Ese es el fundamento del contrato social. Cuando esa función falla, la legitimidad se erosiona. Y eso es precisamente lo que hoy empieza a percibirse en amplias zonas del país, a nivel nacional.

La obligación del Estado no es simplemente dialogar: es garantizar el orden. Es ejercer su autoridad. Es proteger a los ciudadanos. Para eso existe. Para eso tiene el monopolio legítimo de la fuerza.

El termino la “espada del Estado” simboliza ese deber: la defensa de la justicia, la capacidad de imponer la ley y la autoridad institucional. No es autoritarismo; es la condición mínima para que exista un Estado. Sin esa capacidad, la ley deja de ser obligatoria y pasa a ser opcional frente a quienes tienen las armas.

Pero hoy esa espada parece guardada. La falta de sanciones, la ambigüedad frente a la Fuerza Pública y la permisividad frente a los grupos armados han debilitado la capacidad real del Estado para ejercer control. Y donde el Estado se debilita, otros ocupan su lugar.

El resultado es evidente: más violencia, más control ilegal, más territorios sometidos. La paz, en lugar de consolidarse, se fragmenta.

Colombia no necesita discursos de paz, ni falsas políticas de paz; necesita seguridad real. No necesita negociaciones indefinidas; necesita autoridad efectiva. No necesita concesiones unilaterales; necesita un Estado que haga cumplir la ley.

Porque cuando el Estado renuncia a ejercer su autoridad, no desaparece la fuerza: simplemente pasa a manos de quienes operan al margen de la ley.

El Estado no es únicamente una construcción jurídica o política sujeta a coyunturas ideológicas. Es, en su esencia más profunda, una institución llamada a contener el caos propio de la condición humana y a preservar un orden mínimo que haga posible la vida en sociedad.

En esa misma línea, hay que recordar que la autoridad no es un accidente histórico ni una imposición arbitraria, sino una responsabilidad orientada al bien común. El poder del Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para proteger la vida, garantizar la justicia y limitar la expansión del mal en una sociedad inevitablemente imperfecta, y muchas veces donde predomina la maldad.

La “espada” que porta el Estado no es un símbolo de opresión, sino de responsabilidad, de autoridad, de carácter. Representa la facultad legítima de coerción para sancionar al que quebranta la ley y para defender a quien vive dentro de ella y hace lo bueno. Renunciar a ese poder, o ejercerlo de manera ambigua, no es un acto de paz: es una omisión que abre espacio al desorden, a la arbitrariedad y, en última instancia, a la imposición de la fuerza por actores ilegítimos.

Por eso, el verdadero desafío no es elegir entre paz y autoridad, sino comprender que no puede haber paz sin autoridad legítima. Porque cuando el Estado deja de ser garante del orden, deja también de ser refugio de la justicia. Y en ese vacío, no florece la paz, sino el miedo, la incertidumbre y la zozobra.

Colombia más que una fracasada paz: merece un Estado que ejerza su autoridad, que proteja a sus ciudadanos y que garantice, sin ambigüedades, el orden y la justicia.

¡Dios guarde a COLOMBIA!

Andrés Suárez