“La filosofía de la educación de una generación será la filosofía de gobierno de la siguiente”. Por eso la educación nunca ha sido un tema neutral. Quien controla lo que aprenden los niños hoy, influye en la sociedad que gobernará mañana.
Esta frase resume uno de los debates más importantes y menos discutidos objetivamente en Colombia: el enorme poder que tiene la educación para moldear no solo individuos, sino sociedades enteras.
Durante décadas, la educación pública ha sido presentada como el gran mecanismo de igualdad, progreso y justicia social. Sin embargo, detrás de ese discurso también se ha construido un sistema que, en muchos casos, no promueve ciudadanos críticos e independientes, sino generaciones acostumbradas a depender del Estado como respuesta absoluta a todos los problemas. ¡Y eso sí que se ve reflejado en las presentes generaciones!
La educación debería enseñar a pensar, no qué pensar. Pero cada vez es más evidente la influencia ideológica que permea muchas instituciones especialmente las públicas, donde ciertas corrientes políticas son normalizadas mientras otras son estigmatizadas. El problema no es que existan ideas políticas en las aulas; el problema aparece cuando solo una visión tiene espacio y las demás son, perseguidas, silenciadas y atacadas.
En medio de esta realidad, organizaciones como FECODE han perdido legitimidad frente a muchos ciudadanos en el país. Lo que nació como un sindicato para defender los derechos de los docentes terminó convirtiéndose, para muchos críticos, en una plataforma política e ideológica. Los paros constantes, la presión política y la utilización del sistema educativo como escenario de militancia han afectado directamente a millones de estudiantes que siguen atrapados en un sistema con pésimos resultados y profundas desigualdades.
Hoy está en el debate político los bonos escolares promovidos por la hoy senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, proyecto que ha despertado controversia. La propuesta plantea algo simple: entregar recursos directamente a las familias para que sean ellas quienes decidan si sus hijos estudian en instituciones públicas o privadas. Es decir, trasladar el poder de decisión del Estado hacia los padres.
Sin embargo, el proyecto permanece bloqueado en la plenaria del Senado tras múltiples sesiones sin votación debido a la negativa de sectores de la bancada del gobierno nacional actual de participar en el debate. Esta semana el presidente Gustavo Petro afirmó en redes sociales que “el bono escolar es la privatización de la educación pública”. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿por qué la libertad de elección genera tanto temor?
Si la educación pública es verdaderamente el mejor modelo posible, debería poder competir sin miedo frente a otras alternativas. La calidad no necesita imposiciones; convence por sus resultados.
Y aquí aparece la contradicción más incómoda de todas para mi punto de vista. Muchos políticos que defienden apasionadamente la educación pública no envían a sus propios hijos a colegios estatales. Por el contrario, los matriculan en instituciones privadas del país. Entonces, ¿por qué aquello que no eligen para sus hijos y familiares sí debería ser el único camino para millones de colombianos?
El verdadero desafío de Colombia no es destruir la educación pública. El desafío es impedir que la educación se convierta en una herramienta de adoctrinamiento político. La meta debería ser formar ciudadanos libres, capaces de cuestionar al poder —sea de izquierda o de derecha— y no simplemente repetir narrativas ideológicas impuestas desde un escritorio gubernamental o sindical.
Porque al final, la educación no debería pertenecerle al Estado, ni a los sindicatos, ni a los políticos.
La educación debería pertenecerles a las familias, a los estudiantes y a la libertad de elegir. Porque educar no es moldear ciudadanos obedientes al poder, sino formar personas libres, críticas y capaces de construir su propio destino.
“Educación con decisión y Libertad”
Por: Andrés Suárez


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