Por: Andrés Suárez
Cada 20 de Julio los colombianos recordamos el grito de Independencia de 1810. Sin embargo, es importante recordar que esta fecha representa mucho más que un episodio histórico. Es el recordatorio permanente de que Colombia decidió dejar atrás el poder absoluto para construir una Nación donde la ley estuviera por encima de un gobernante y donde el poder perteneciera mas al pueblo.
Este año, la conmemoración adquiere un significado mucho más profundo. El 20 de julio marca también la instalación de un nuevo Congreso de la República que ejercerá sus funciones durante el período constitucional 2026-2030, iniciando un nuevo ciclo democrático que acompañará al gobierno elegido por los colombianos. Es el momento en que la República vuelve a ponerse en marcha bajo las reglas que establece la Constitución.
Debemos recordar con claridad que la democracia no se resume en elegir un Presidente cada cuatro años. Ese es apenas uno de sus pilares. Una verdadera república existe cuando el poder no se concentra; sino que se distribuye, se controla y se limita, mediante instituciones independientes capaces de garantizar el equilibrio del Estado.
En el constitucionalismo moderno se comprendio una verdad que la historia ha confirmado una y otra vez: cuando todo el poder se concentra en una sola persona o en un solo órgano del Estado, la libertad comienza a desaparecer. Por esa razón, pensadores como Montesquieu formularon el principio de la separación de poderes, convertido hoy en uno de los fundamentos de las democracias constitucionales.
El poder Ejecutivo gobierna; el Legislativo representa a los ciudadanos, debate las leyes y ejerce control político; el Judicial administra justicia con independencia. Ninguno debe someter al otro, pero tampoco puede actuar aislado de los demás. Ese delicado equilibrio es el que protege los derechos de los ciudadanos y evita los abusos del poder.
La instalación del nuevo Congreso no constituye una ceremonia simbólica. Es la expresión práctica de ese principio republicano. Cada Senador y cada Representante reciben un mandato otorgado directamente por los ciudadanos para legislar, ejercer control político y defender el interés general, incluso cuando ello implique cuestionar las decisiones del Ejecutivo.
La fortaleza de una democracia no se mide por la unanimidad, sino por la capacidad de sus instituciones para deliberar, discrepar y controlar el ejercicio del poder sin poner en riesgo la estabilidad del Estado.
En un momento en que Colombia inicia una nueva etapa política, el reto consiste precisamente en fortalecer esa arquitectura institucional. Ningún gobierno, por legítimo que sea su origen electoral, puede sustituir las funciones del Congreso, interferir en las decisiones de los jueces o desconocer los organismos de control, cualquiera que sea. Del mismo modo, ninguna institución debe convertirse en un obstáculo sistemático para el cumplimiento de las funciones constitucionales de las demás. El equilibrio exige independencia, pero también respeto mutuo.
El Congreso que hoy inicia su período constitucional tendrá enormes responsabilidades. Deberá discutir reformas que impactarán la seguridad, la economía, la salud, la educación, la justicia y el desarrollo del país. Sus decisiones impactaran la vida de millones de colombianos durante las próximas décadas. Por ello, sus integrantes están llamados a actuar con responsabilidad, conocimiento técnico, transparencia y un profundo compromiso con el interés nacional.
Pero la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes ocupan una curul. La ciudadanía también desempeña un papel esencial. La democracia no termina con el voto; continúa mediante la vigilancia, la participación y la exigencia de rendición de cuentas. Una sociedad que renuncia al control ciudadano termina debilitando las instituciones que garantizan su propia libertad.
El 20 de julio nos recuerda que la independencia fue apenas el primer paso. La verdadera libertad se preserva todos los días mediante el respeto por la Constitución, la defensa de las instituciones y el cumplimiento de la ley.
Las repúblicas no sobreviven por inercia. Se sostienen cuando sus gobernantes entienden que el poder es temporal; cuando sus congresistas recuerdan que representan a la Nación y no a intereses particulares y cuando los ciudadanos comprenden que la democracia exige participación, responsabilidad y vigilancia permanente a sus representantes, dirigentes e instituciones.
Hoy comienza un nuevo período constitucional. Se renuevan las mayorías, cambian los liderazgos y se abren nuevas expectativas para Colombia. Pero los principios que sostienen nuestra República deben permaner inalterables: la supremacía de la Constitución, la separación de poderes, el respeto por la ley y la libertad de los ciudadanos.
Una nación verdaderamente libre no es aquella donde un poder prevalece sobre todos los demás. Es aquella donde las instituciones funcionan, se controlan mutuamente y garantizan que ningún gobernante, por poderoso que sea, esté por encima de la Constitución.
Que este 20 de julio no sea únicamente una fecha para recordar la historia, sino una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos con la República, la democracia y el Estado de derecho.
¡Viva Colombia y que Dios guarde a la República!


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