Según SEMANA: Por primera vez en la historia de Colombia organismos internacionales se meten de frente en la elección del fiscal. ¿Tienen intereses políticos?

En la historia política de Colombia, se ha producido un hecho sin precedentes con la intervención directa de organismos internacionales en el proceso de elección del fiscal general del país. Esta situación ha despertado preguntas sobre posibles motivaciones políticas detrás de la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A medida que estas entidades se posicionan en el proceso, se plantea la interrogante sobre si están actuando como defensores de derechos humanos o como aliados políticos del Gobierno de Gustavo Petro.

La presión sobre la Corte Suprema de Justicia para elegir al fiscal general se ha intensificado, no solo por parte del Gobierno de Petro y el Pacto Histórico, sino también con la inesperada intervención de organismos internacionales. Estos pronunciamientos se perciben como una intromisión inusual en los asuntos internos de Colombia, especialmente considerando el papel tradicional de estas entidades en la integración regional, la seguridad internacional y la protección de los derechos humanos.

Resulta llamativo que la OEA, la ONU y la CIDH, tres organismos internacionales de gran relevancia, hayan emitido comunicaciones en sincronía sobre el proceso de elección del fiscal en Colombia. Sin embargo, al mismo tiempo, parecen guardar silencio o mostrar complacencia ante las acciones delincuenciales de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y otros criminales en el país. Este contraste alimenta la percepción de un posible sesgo ideológico en favor del presidente Petro y de aquellos sectores que buscan un fiscal general afín a sus intereses.

Se destaca que esta no es la primera vez que los organismos internacionales participan en asuntos colombianos, ya que han estado presentes en el país durante más de una década. Sin embargo, es la primera ocasión en que se involucran activamente en cuestiones relacionadas con la política nacional y la justicia. Este cambio de actitud ha levantado críticas y ha despertado la inquietud sobre la independencia de las decisiones judiciales en Colombia.

La relación entre la ONU y la guerrilla ha sido objeto de atención, destacando la estrecha cercanía entre funcionarios en Colombia y los guerrilleros. Se menciona que, aunque el mandato del Consejo de Seguridad inicialmente estaba destinado a acompañar la implementación del acuerdo de paz y verificar el cese al fuego con el ELN, se ha consolidado una relación más allá de ese propósito, llegando al punto de compartir almuerzos en la capital con excomandantes guerrilleros de las FARC-EP.

La crítica se extiende al secretario de la OEA, Luis Almagro, quien ha hablado de una supuesta ruptura institucional en Colombia sin presentar fundamentos sólidos. Esta declaración ha sido cuestionada por figuras prominentes como Humberto de la Calle, quien señala que Almagro está pintando una imagen de Colombia que no corresponde a la realidad, subrayando que nadie en el país tiene intenciones de derrocar a Petro, ni las Fuerzas Militares, ni los medios de comunicación, ni los gremios económicos.

El expresidente César Gaviria, con experiencia como secretario de la OEA, también critica la intervención de Almagro y de la CIDH, argumentando que estas acciones menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia y la separación de poderes consagrada en la Carta Democrática Interamericana. Esta intervención internacional, según Gaviria, desconoce un componente clave de la Carta, interfiriendo directamente en la independencia de la justicia colombiana.

En un análisis retrospectivo desde 1991, cuando se creó la Fiscalía General, no se encuentra registro de intervenciones de organismos internacionales en asuntos de política nacional y justicia. Aunque ha habido vacíos en la cúpula de la Fiscalía en el pasado, como en 2009 cuando la relatora de la ONU Gabriela Albuquerque hizo un llamado personal para acabar con la interinidad de diez meses, no se había llegado a una intervención directa de este tipo.

La crítica se extiende a la CIDH, que, a pesar de su preocupación actual por la elección del fiscal general, no emitió comentarios durante los encargos de fiscales en gobiernos anteriores. Esta aparente selectividad en la intervención genera interrogantes sobre la objetividad y consistencia de estas acciones internacionales.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez enfatiza que la gestión misional de la Fiscalía nunca se ha detenido y contradice la afirmación de la CIDH de que la falta de un fiscal general generaría impunidad. Se suma a este rechazo la opinión de integrantes del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), quienes consideran esta intervención como un hecho sin precedentes en la política exterior del país y la rechazan categóricamente. Afirman que los organismos internacionales deben ser respetuosos de los procesos internos de Colombia y destacan la trayectoria democrática de la institucionalidad colombiana.

Diego Santos, un crítico del gobierno, va más allá al afirmar que el presidente Gustavo Petro está promoviendo un «autogolpe de Estado», y acusa a la ONU, la OEA y la CIDH de participar en este juego político. Estas acusaciones apuntan a una percepción de que los organismos internacionales están influyendo de manera directa en la política interna colombiana.

A pesar de la polémica y las críticas, se destaca que los pronunciamientos de estos organismos internacionales no son vinculantes y podrían considerarse más como un gesto simbólico que como una intervención directa en el proceso político y judicial colombiano. Aunque hay señales de que la democracia y la separación de poderes en Colombia se mantienen sólidas por ahora, se subraya que estos organismos internacionales tienen deudas pendientes en cuanto a derechos humanos en un contexto donde activistas y defensores continúan siendo víctimas de violencia, un aspecto sobre el cual los organismos internacionales no han expresado comentarios significativos.

Fuente original: SEMANA

Febrero 17 2024

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