22 de diciembre de 2024

Según La Silla Vacía: SIETE CARAS DE PETRO QUE REFLEJA EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El decreto de liquidación del presupuesto en Colombia refleja facetas del gobierno de Petro. Su participación tardía, enfoque en el 20% más excluido, estilo de liderazgo y riesgos para el equilibrio de poderes generan críticas. Además, menosprecia la confianza del mercado, afectando la credibilidad gubernamental y la seguridad jurídica, lo cual plantea desafíos significativos para la estabilidad en Colombia.

El decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación ha desatado una polémica nacional en Colombia, convirtiéndose en un reflejo del gobierno de Gustavo Petro. Este procedimiento, aparentemente burocrático, revela siete facetas del presidente:

En primer lugar, se destaca la tardanza de Petro en participar en la discusión presupuestaria. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se elaboró hace un año, reflejando las prioridades gubernamentales, Petro se percató de que el presupuesto de inversión no coincidía con sus objetivos hasta una reunión en diciembre de 2023. Esta falta de participación temprana condujo a la expedición de un decreto con una partida global de 13 billones de pesos, sin discriminación, generando consecuencias significativas.

La gestión de Petro revela su estilo de liderazgo, donde comunica visiones pero no proporciona líneas claras a su equipo para materializarlas. A través de un derecho de petición, se evidenció que rara vez tiene reuniones individuales con sus ministros, limitando su contacto a consejos de ministros donde esboza sus sueños sin involucrarse en detalles. Esta dinámica ha llevado a decisiones repentinas y la renuncia de funcionarios que no logran interpretar sus deseos.

En segundo lugar, el episodio muestra que Petro gobierna con un enfoque marcado en el 20% más excluido de la población. A pesar de poner en riesgo la estabilidad del 80% restante, el presidente busca redistribuir recursos, priorizando regiones más necesitadas. La decisión de reorientar fondos comprometidos en vigencias futuras para proyectos en Bogotá y Antioquia hacia el Chocó y Cauca refleja esta perspectiva.

Este actuar del presidente provoca debates cruciales sobre la distribución de recursos públicos, un aspecto opaco en la discusión política. Aunque la decisión de Petro puede considerarse arbitraria, ha estimulado un debate sobre la distribución de recursos y la falta de discusión detallada sobre el gasto público en Colombia.

En tercer lugar, la actuación de Petro pone en riesgo el equilibrio de poderes en una democracia liberal. La separación de poderes entre ramas del gobierno se ve comprometida cuando el presidente asume una discrecionalidad en la distribución de recursos, afectando la capacidad del Congreso de decidir sobre impuestos y gastos. Esto plantea preguntas sobre el respeto a la separación de poderes y amenaza la estabilidad jurídica en Colombia.

La lealtad a toda prueba es una característica que Petro exige a su equipo. Su incapacidad para sentir miedo lo lleva a empujar a sus colaboradores hasta el límite. Este patrón se repite en el episodio del decreto, donde varios funcionarios, incluyendo a la directora de Presupuesto y el director de Planeación Nacional, renunciaron o fueron despedidos por oponerse a la decisión de dejar en vilo obras comprometidas.

En quinto lugar, Petro menosprecia la confianza del mercado, elemento vital para el funcionamiento de la economía. Los malabares del decreto golpean la credibilidad del gobierno al enviar la señal de que no se honrarán promesas adquiridas con concesionarios. Esta falta de claridad en las reglas de juego afecta la confianza en el sector de infraestructura, clave para la reactivación económica.

La economía colombiana, impulsada en gran medida por la confianza, se ve afectada por los cambios en las reglas del juego. Petro cuestiona proyectos financiados a largo plazo, argumentando que favorecen a las áreas más ricas en lugar de atender las necesidades reales de las regiones. Esta perspectiva, junto con otras medidas populares, impacta la confianza inversionista y la seguridad jurídica.

En conclusión, el decreto de liquidación del presupuesto revela diversas facetas del gobierno de Gustavo Petro. Desde su tardanza en participar en la discusión presupuestaria hasta su enfoque en el 20% más excluido, pasando por su estilo de liderazgo y su impacto en el equilibrio de poderes, Petro enfrenta críticas y desafíos en diversos frentes. La falta de claridad en la distribución de recursos y la afectación a la confianza del mercado plantean preocupaciones sobre la gobernanza y la estabilidad jurídica en Colombia.

Artículo original escrito por: Juanita León y María Camila González Olarte

Febrero 15, 2024