El deseo del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la llamada primera línea, no es un plan tan fácil de cumplir legalmente.
Los detenidos de la primera línea enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. Nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.
El fiscal general, Francisco Barbosa, en entrevista con SEMANA, analizó este tipo de ofertas por parte del Presidente. “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.
También afirmó que la Fiscalía no tiene conocimiento del decreto que reglamenta la figura del gestor de paz en Colombia y las condiciones en que se implementará. “Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, agregó Barbosa.
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